Implementación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación equitativa de beneficios

Implementación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación equitativa de beneficios

Foto: PNUD/Pablo La Rosa

El concepto de Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa de los Beneficios derivados de su utilización (ABS, por sus siglas en inglés) data de 1992 cuando fue introducido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

En octubre de 2010, bajo los auspicios del CDB, se adoptó el Protocolo de Nagoya, representando un hito para sus partes, por ser un marco acordado internacionalmente y vinculante para el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.[1]

Uruguay adhirió al Protocolo en octubre de 2014, y en 2016 publicó su Estrategia Nacional de Biodiversidad, en cuya meta 16 se establece que para 2018 se alcanzarían acuerdos para el desarrollo del marco regulatorio nacional del acceso y la conservación de recursos genéticos, en consonancia con los tratados y acuerdos internacionales asumidos por el país.

El proyecto global del PNUD sobre "Acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios" (ABS por sus siglas en inglés) fue financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial e implementado en 24 países de todo el mundo, entre ellos Uruguay.

Esta iniciativa procuró documentar los conocimientos tradicionales de agrupaciones de descendientes indígenas y comunidades locales, apoyar el desarrollo de un marco legal para implementar normas que garanticen la aplicación del protocolo y promover la asociación entre distintos actores del gobierno, la sociedad civil, el sector privado e instituciones de investigación.

En Uruguay el proyecto fue liderado por la DINAMA/MVOTMA [2]. Como uno de los resultados más destacados del proyecto, una resolución ministerial del 2018 estableció un régimen provisional de acceso a los recursos genéticos y se aprobaron los procedimientos necesarios para requerir el acceso a los mismos ante las autoridades competentes.

Por otra parte, se hizo un inventario de los usos y conocimientos tradicionales asociados con los recursos genéticos. Asimismo, se llevaron adelante una serie de investigaciones sobre el uso de las hojas de Pitanga como posible agente quimioterapéutico contra el cáncer de colon, el uso de especies de la flora nativa como antioxidantes, y la valorización de los recursos genéticos y las cadenas de valor relativos al acceso y participación en los beneficios de estos recursos.

Publicación

Como producto del proyecto global de PNUD y para ser presentado en la decimocuarta reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP 14, Egipto, noviembre de 2018) se publicó el documento ABS: Recursos genéticos para el desarrollo sostenible.

Esta publicación revela el potencial de los recursos genéticos para desarrollar nuevos productos para la agricultura, la protección de cultivos, productos farmacéuticos y medicamentos entre otros usos. Recopila iniciativas de 27 países ofreciendo una visión de las complejidades de las historias de biodescubrimiento y el papel de los actores locales en el desarrollo de leyes y políticas nacionales que facilitan el acceso a los recursos genéticos y aseguran que los beneficios son compartidos entre los usuarios y proveedores de los recursos.

En el capítulo de Uruguay se presentan los esfuerzos que ha hecho el país a nivel nacional y territorial para generar beneficios para las comunidades locales y la salud de la población mediante el uso de flora nativa.

Descargar publicación global

Descargar capítulo sobre Uruguay (español)

Descargar capítulo sobre Uruguay (inglés)

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[1] Se refiere al material genético de valor real o potencial, que puede ser de origen vegetal, animal o microbiano como las plantas medicinales, los cultivos agrícolas y las razas animales. Fuente: OMPI (http://www.wipo.int/tk/es/genetic/).

[2] *Proyecto 5381 Proyecto Global ABS PNUD/GEF “Fortalecimiento de recursos humanos, marco legal y capacidades Institucionales para la implementación del Protocolo de Nagoya”