Lanzan proyecto para fortalecer políticas públicas sobre conservación de la biodiversidad

Cuarta generación de iniciativas GEF

29 de Abril de 2022

Panel de apertura. Foto: PNUD

El jueves 28 de abril tuvo lugar el taller de lanzamiento de un nuevo proyecto que busca fortalecer las políticas de conservación de la biodiversidad y la tierra como pilares del desarrollo sostenible. La iniciativa cuenta con aportes por más de USD 2,6 millones de donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés) y una contraparte del gobierno uruguayo de USD 15 millones.

El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades sistémicas, financieras e institucionales para la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de la tierra, mejorando la eficacia y la sostenibilidad de la gestión de las áreas protegidas, la administración de tierras privadas y el bienestar humano.

El proyecto procura generar herramientas necesarias para asegurar la preservación de los recursos naturales incluyendo el agua, los servicios ecosistémicos, la prevención de la contaminación y la generación y uso sostenible de la energía, promoviendo el desarrollo local y la creación de medios de vida.

Las áreas piloto seleccionadas para la implementación del proyecto son la Cuenca del Santa Lucía, las lagunas de la Costa Atlántica, las Serranías del Este y las Quebradas del Norte. A su vez, esta iniciativa, establece que a partir de las lecciones aprendidas en los territorios seleccionados se repliquen las experiencias en otras zonas del país.

El proyecto es ejecutado por el Ministerio de Ambiente —a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DINABISE)— junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia de implementación. A su vez, involucra la participación y cofinanciación del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Ministerio de Turismo (MINTUR), OSE y las Intendencias de Canelones, Montevideo, Rivera y Rocha.

La apertura del taller —en el que se delineó el plan de trabajo y los resultados esperados—estuvo a cargo del ministro de Ambiente, Adrián Peña, el director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Uruguaya (AUCI), Mariano Berro, y del director de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DINABISE) del Ministerio de Ambiente (MA), Gerardo Evia.

El ministro Peña destacó la elección de los territorios para su implementación, ya que “salimos de la zona de confort en torno a áreas con un uso relativamente de bajo impacto, para enfrentarnos al desafío de restaurar la naturaleza y restablecer equilibrios perdidos al servicio de la calidad ambiental y la vida de sus habitantes”.

Peña resaltó la importancia de integrar la Cuenca del Santa Lucía, “ya que ésta es una de las que tiene usos más intensivos, lo que implica un desafío en torno al manejo integrado para la mejora de la calidad del agua”.

Por su parte, Stefan Liller, representante residente del PNUD en Uruguay, explicó que se trata de un proyecto “netamente territorial con vocación de articulación con socios nacionales, pero también con los gobiernos subnacionales, el sector privado, los productores rurales y las comunidades locales, en especial con aquellas que habitan las áreas a ser gestionadas y sus inmediaciones”.

Añadió que se trata la cuarta generación de iniciativas GEF y que en esta ocasión el proyecto hará hincapié” en asuntos fundamentales para un país agropecuario y turístico como el Uruguay”. “Con respecto a un recurso tan valioso como lo es el suelo, el proyecto busca alcanzar la neutralidad en la degradación de la tierra, una meta ambiciosa y fundamental para sostener la productividad del país”, añadió.   

Entre las principales metas que se plantea el proyecto está la restauración de 16.000 hectáreas de ecosistemas degradados, el establecimiento de 6.000 hectáreas de reservas privadas, asegurar el manejo sostenible de la tierra, evitando la degradación de los suelos en 106.000 hectáreas de campo productivo, y la creación de nuevas áreas protegidas por un total de 35.000 hectáreas.

En ese sentido, Liller mencionó que el cumplimiento de estas metas “generarán beneficios directos a la adaptación y la mitigación del cambio climático. En cuanto a la mitigación del cambio climático el proyecto estará contribuyendo a la captación de más de 62.000 toneladas de dióxido de carbono”. 

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