El documento procura contribuir con un debate nacional sobre cambios de estrategia del sistema agroalimentario uruguayo y el escalamiento de la producción sostenible.

Montevideo, 24 mayo de 2021. Con la participación del representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Stefan Liller, el ministro de Medio Ambiente (MA), Adrián Peña, y del ministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), de Carlos María Uriarte, se realizó el lanzamiento del informe de la Agroecología y transiciones agropecuarias sostenibles: compras públicas, certificación y sector exportador.

El trabajo fue elaborado en el marco de la iniciativa Promoción de la Transición Agroecológica, llevada adelante por el PNUD con la colaboración del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) y la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas.

Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar y comunicar recomendaciones estratégicas y lineamientos para políticas y medidas que sirvan de insumos concretos para el Plan Nacional de Agroecología (PNA) y posibles transiciones del sector agroexportador. Asimismo, procura contribuir con un debate nacional sobre cambios de estrategia del sistema agroalimentario uruguayo y el escalamiento de la producción sostenible.

El trabajo profundiza en el análisis de las compras públicas, la certificación y las transiciones del sector exportador, temas abordados en la publicación Lineamientos y recomendaciones de políticas para el desarrollo de la Agroecología en Uruguay  editada en 2020 en el marco de esta iniciativa.

Compras públicas

El documento señala que “frente a la crisis socioeconómica y alimentaria” causada por la pandemia de la COVID-19, “los instrumentos de las compras públicas a la agricultura familiar, las compras públicas sostenibles y el PNA pueden contribuir en aspectos relevantes, como el fortalecimiento de la soberanía y la seguridad alimentarias y de los circuitos cortos y cerrados de comercialización”.

En este escenario, el autor subraya la necesidad de promover las compras estatales de producción de base agroecológica y, en ese sentido, “reglamentar e instrumentar la priorización de los productos familiares agroecológicos dentro de las compras estatales y establecer adicionalmente su valoración especial o diferenciada”.

Para ello, aconseja establecer “márgenes de estímulo por sobre los precios de mercado, de 50% para la producción familiar, de 60% para la agricultura en transición, de 60% para las organizaciones habilitadas constituidas como consorcios mixtos, en los que algunas organizaciones son agroecológicas o en transición, y de 80% a la agricultura familiar orgánica o agroecológica”.

Sobre las compras públicas sostenibles, señala que constituyen “el proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos, obteniendo el mejor valor por el dinero gastado en términos de generación de beneficios no solo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que se minimizan los daños al ambiente”.

Como recomendaciones para políticas públicas en este tema, el autor propone “escalar y ampliar la agroecología basada en la agricultura familiar y el movimiento agroecológico para impulsar el autoabastecimiento y la economía doméstica nacional”.

Adicionalmente, el trabajo propone “avanzar en transiciones del sector agroexportador orientadas a una mayor sostenibilidad de sus actividades productivas”.

Certificación

En el capítulo sobre la certificación de productos orgánicos, el autor sostiene que “el decreto que regula la certificación registra incumplimiento de las obligaciones que recaen en el Ministerio de Ganadería” y que “las competencias atribuidas a la Dirección de Servicios Agrícolas de ese ministerio no han podido desarrollarse”.

El documento cuestiona que al momento “no se han podido determinar períodos de transición ni condiciones de elaboración y envasado; no se ha desarrollado una marca de certificación, ni se han establecido normas para el etiquetado y procedimientos para venta directa, ni equivalencias con otros países para importados (con excepción del Registro de la Red de Agroecología de Uruguay”.

En ese sentido, la publicación incluye una serie de recomendaciones como “diseñar un plan estratégico de fortalecimiento del Sistema Nacional de Certificación Orgánica”: “el proceso debería ser liderado por la Dirección de Servicios Agrícolas (del MGAP)” y “contar con la participación de la Secretaría e integrantes clave de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología y actores del sector privado”.

Asimismo, sugiere “estimular el registro en el Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica de certificadoras de tercera parte que actúan en el país (por ejemplo, en los rubros carne y cannabis)”.

Además, recomienda “desarrollar una marca y sello oficial”, las cuales “tendrán sentido siempre y cuando se fortalezca el Sistema Nacional, se incorporen todas las entidades certificadoras que operan en el país y eventualmente se registren y habiliten nuevas entidades”.

Sector exportador

Respecto a las transiciones del sector agroexportador, el documento plantea que los caminos transitados al momento para “desplegar el crecimiento y la expansión agropecuaria han producido una serie de impactos socioambientales, cuyo reconocimiento y valoración deben ser centrales en la construcción de transiciones sostenibles”.

Según el autor, esto ha generado “la disminución de agricultores familiares en el medio rural, el significativo aumento en el uso de agroquímicos, el deterioro de la calidad del agua y del suelo y la pérdida de biodiversidad”.

El autor recomienda que la transición sostenible del sector exportador debe “basarse en un proyecto nacional de desarrollo de largo plazo, con lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo y con amplios niveles de participación públicos y privados”.

Como posibles líneas de acción, sugiere “reglamentar el artículo 13 de la Ley General de Medio Ambiente, incluyendo “mejoras fijas relativas al tratamiento de los efectos ambientales de las actividades industriales y agropecuarias, dentro del alcance de los beneficios automáticos de la Ley de Promoción de Inversiones”.

De acuerdo con el informe, eso permitiría “inducir a las empresas a implantar medidas que incorporen acciones y tecnología para producción orgánica, ya que estas previenen impactos ambientales negativos y favorecen la mitigación o eliminación de daños ambientales”.

Asimismo, recomienda, entre otras acciones, “revisar (disminuir o eliminar) la exoneración del 40% de la inversión en el Impuesto a la Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), correspondiente a fertilizantes fosfatados para praderas y transferir una similar exoneración para sistemas orgánicos” y “establecer exoneraciones de impuestos a biofertilizantes y bioplaguicidas habilitados por normativa orgánica”.

Presentación pública

El lanzamiento público del informe tuvo lugar el viernes 21 de mayo de forma virtual y contó con la participación en la apertura del representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Stefan Liller, el ministro de Medio Ambiente (MA), Adrián Peña, y del ministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), de Carlos María Uriarte. 

 

La presentación del informe estuvo a cargo de Federico Bizzozero, autor del trabajo y coordinador del Programa de Agroecología del Centro Uruguayo de Tecnologías Aplicadas (Ceuta), y los comentarios al documento fueron realizados por Ana Posas, oficial de Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); Natalia Bajsa, integrante del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable; y German Bremermann, gerente comercial de la Barraca Erro.

Liller señaló que desde el PNUD “estamos cada vez más convencidos en la necesaria transformación de los sistemas agroalimentarios para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, contribuir a disminuir las desigualdades socioeconómicas, y aumentar la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos de los cuales depende la producción agropecuaria”.

Por su parte, el ministro Peña indicó que “alinear la política productiva con la política ambiental es uno de los grandes desafíos que el Uruguay tiene en estrategias de mediano y largo plazo”. “Tenemos el gran desafío de avanzar incluyendo a todos los actores, a través de la incorporación de tecnología y otros aspectos, ya que la producción agroecológica es clave y el Ministerio de Ambiente tiene un rol importantísimo para poder cuidar hoy para tener mañana", añadió.

En tanto, el ministro Uriarte se están dando las condiciones para repensar y actualizar un nuevo Plan para la agroecología en Uruguay”. “Creemos que el momento llegó para ajustarnos a la realidad, a lo que el país necesita, y es por eso que pensamos impulsar este nuevo plan”, agregó.

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