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Por Nahia Mauri* y Stefan Liller**

En Uruguay hay 933 personas trans, según datos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)[1] de 2017. El 88% son mujeres y solo el 2% supera los 65 años.

La vida de este colectivo está marcada por un espiral de violencias, incomprensión y falta de redes de apoyo. Este proceso comienza temprano, cuando los niños, niñas y adolescentes trans expresan su género y se enfrentan, en soledad, ante un mundo adulto poco dispuesto a comprensiones. Las reacciones “expulsivas” llevan a que, a los 16 años en promedio, abandonen su hogar enfrentando la situación de calle y padeciendo, en muchos casos, explotación sexual infantil[2].

En el ámbito educativo, considerado en general un espacio de inclusión y de convivencia en la diversidad, las personas trans enfrentan múltiples barreras: el acoso transfóbico por parte de pares, la falta de formación de los equipos docentes, el uso de uniformes, listas de asistencia —donde no figura el nombre asumido— o las actividades y espacios divididos según género.

La educación se torna así un proyecto inviable para quienes habitan identidades trans: solo el 25% de esta población termina primaria y el 61% no finaliza el ciclo básico, lo que dificulta el acceso al trabajo formal, un ámbito vedado para prácticamente la totalidad de esta población[3].

Las estrategias de obtención de ingresos pasan por el comercio sexual, trabajos informales o precarios, que acentúan aún más la vulnerabilidad. Según datos del MIDES[4], el 74% de las mujeres trans se ha dedicado en algún momento de sus vidas al trabajo sexual y el 45% ha sufrido alguna vez violencia física por su identidad de género.

Un nuevo hito en la agenda de derechos

La Ley Integral para Personas Trans, vigente desde octubre de 2018, representa un nuevo hito en el avance de la agenda de derechos, marca un precedente a nivel mundial y posiciona a Uruguay como país a la vanguardia en materia de protección de derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales).

Se trata de la primera norma de su tipo que garantiza un paquete de medidas de reconocimiento y protección de derechos para enfrentar la situación de vulneración y emergencia social que esta población ha sufrido históricamente.

Esta normativa consagra el derecho a la adecuación de nombre y género en documentos de identidad, un conjunto de medidas de inclusión social, específicamente en el ámbito laboral y educativo, y una reparación histórica dirigida a las personas trans, nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que sufrieron violencia y persecución por parte del Estado uruguayo.

Asimismo, la ley disuade prácticas clandestinas, insalubres y perjudiciales realizadas sin orientación médica. La alta proporción de inyecciones de siliconas y aceites industriales, el uso de hormonas no aptas para humanos, la automedicación, entre otras prácticas de riesgo, evidencian la importancia del acceso a una salud integral.

Esta regulación contempla, además, la situación particular de las personas menores de edad, quienes deberán contar con autorización obligatoria de padres y madres o representantes legales para realizar intervenciones quirúrgicas irreversibles. En definitiva, busca promover la equidad e igualdad, pilar fundamental del sistema democrático, reconociendo el punto de partida desigual que afronta la población trans.

En el mundo: avances y retrocesos

A nivel internacional, la protección y el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI han tenido un importante avance en los últimos años. La actitud positiva frente a esta población aumentó a nivel global de un 5% en la década del 80 a un 20% al día de hoy.  

Todos los países miembro de la Unión Europea han posibilitado el cambio de género legal en ciertos casos. Trece de ellos protegen explícitamente contra la discriminación por identidad de género y características sexuales. En tanto, 25 proveen algún tipo de tratamiento de confirmación de género[5].

Suecia se convirtió en el primer país del mundo en permitir en 1972 el cambio de género legal y en ofrecer tratamiento con hormonoterapia y cirugía. Desde 2012, niñas, niños y adolescentes entre 12 y 18 años pueden tramitar el cambio de su nombre legal con el consentimiento de sus padres, madres o tutores y, desde el 2017, las personas menores de 12 años también pueden hacerlo.

Angola, India y Botsuana despenalizaron las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, Pakistán aprobó una ley de protección de los derechos de las personas transgénero y, en la región, Ecuador se sumó a Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay en aprobar el matrimonio igualitario, todo esto en 2018 y 2019.

En junio de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Clasificación Internacional de Enfermedades, quitó a las identidades trans del listado de “enfermedades mentales”, como sucedió con la homosexualidad en 1990.

Según la OMS, estos cambios permiten reflejar una comprensión “moderna” de la salud sexual y la identidad de género, lo que puede ayudar a mejorar el acceso a la atención de salud para las personas trans. Estos avances van en línea con el principio de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”, en especial a las poblaciones más vulnerables.

Sin embargo, las personas LGBTI siguen enfrentando a diario, en diferentes ámbitos de la sociedad, situaciones de intolerancia y discriminación que afectan y amenazan su desarrollo personal, laboral, su dignidad e, incluso, sus propias vidas.

Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, se han registrado 2.982 asesinatos en 72 países entre 2008 y 2018, lo que promedia una muerte cada dos días.

Contar con información confiable y oportuna es clave para generar políticas eficaces basadas en evidencia. En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró a nivel global el Índice de Inclusión LGBTI[6], un conjunto de 51 indicadores para diferentes áreas que permiten medir resultados de desarrollo de esta población y generar recomendaciones de políticas públicas que favorezcan su inclusión y fortalezcan sus derechos.

Pese a estos avances, hay países que registran notorios retrocesos, contextos en los que se generan crecientes actos de violencia, intimidación y acoso a la colectividad LGBTI. Estas situaciones no hacen más que condenar a esta población a una exclusión radical que implica, nada más y nada menos, que el no reconocimiento a su propia identidad.

Uruguay y el camino hacia la igualdad

El bienestar y la inclusión de la población trans depende fundamentalmente de la sociedad en la que se encuentra y de las acciones que llevan a cabo sus instituciones para atender sus necesidades y erradicar definitivamente la discriminación en todas sus formas.

Dejar sin efecto la ley que reconoce los derechos de las personas trans en Uruguay no solo sería cercenar garantías de libertad y dignidad de un colectivo históricamente excluido, sería también renunciar a las mejores tradiciones cívicas de la democracia inclusiva e igualitaria de la sociedad uruguaya.

 

* Socióloga, integrante del colectivo Ovejas Negras.

** Representante Residente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este artículo fue publicado en el semanario uruguayo Búsqueda el 1 de agosto de 2019. Leer aquí.

[1] “Claves para la discusión del proyecto de Ley Integral para Personas Trans”, 2017. Disponible en: https://docplayer.es/107248910-Claves-para-la-discusion-del-proyecto-de-ley-integral-para-personas-trans.html.

 

 

[2] Ídem. 

 

 

[3] Ídem.

 

 

[4] Ídem.

 

 

[5] “Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis”. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/trans_and_intersex_equality_rights.pdf

 

 

[6] Disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hiv-aids/lgbti-index.html

 

 

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