De izq. a der: presidenta del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón; el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda; coordinadora residente de la ONU, Mireia Villar; secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña, y el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Pese a ser uno de los países de América Latina con mayor desarrollo democrático, Uruguay presenta uno de los mayores índices de desigualdad de género en política en la región, según el informe Uruguay: una democracia consolidada aun muy lejos de la paridad. Diagnóstico sobre las condiciones para ejercer el derecho a la participación política de las mujeres, presentado el 4 de setiembre de 2018 por ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e IDEA Internacional.  Asimismo, recomienda avanzar hacia una Ley de Paridad Política. Descargar informeVer galería de imágenes

La presentación del informe, elaborado en el marco del proyecto Atenea: mecanismo de aceleración de la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe, estuvo a cargo de su autora, la politóloga Verónica Pérez.

Posteriormente, se realizó una ronda de intercambios con líderes de partidos políticos sobre la participación política de las mujeres de cara a las elecciones presidenciales de 2019. Formaron parte de ese segmento: la presidenta del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, el secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña, y el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres. La moderación estuvo a cargo de la coordinadora residente de las Naciones Unidas, Mireia Villar Forner.

En una de sus intervenciones, Argimón sostuvo que el problema es “cultural”, “de calidad democrática” y que el mayor obstáculo que tienen las mujeres en política no es la participación sino el “acceso real al poder”, sobre todo, a la hora de “negociar espacios en los partidos”.  “Uruguay siempre tuvo altos índices de militancia de mujeres, pero cuando llega el momento de acceder, acceden casi sólo varones”, señaló.

Sobre la Ley de cuotas el ciclo electoral 2010/2015, indicó que sirvió para que los partidos “se miraran para adentro” y para que las mujeres reclamaran con más fuerza “ser candidatas” y posicionarse mejor dentro de los partidos. Sin embargo, considera que Uruguay se ha “demorando mucho” en este proceso. “No hay mucho más debate para dar (…) a nivel parlamentario estamos como Bangladesh”, enfatizó.

Por su parte, Mieres coincidió con Argimón en que “el problema de fondo es cultural” y que los partidos continúan “lentos” en este tema. Además, opinó que una ley de paridad “no movería mucho la aguja”, dado que no modificaría sustancialmente el escenario legislativo, “porque la persona que va segunda en las listas a la Cámara de Representantes generalmente no entra al Parlamento, sobre todo en el interior del país”.

Consultado sobre las resistencias que genera este tema en los partidos, Miranda respondió que se trata de una “disputa de poder”. “Hay resistencia al cambio, es conservadurismo”, indicó. “Los derechos se conquistan con la lucha”, remarcó. Asimismo, afirmó que los partidos políticos van cambiando su postura sobre el tema porque los “obligan a tomar conciencia” los movimientos que promueven una mayor igualdad de género.

En tanto, Peña, se refirió a los obstáculos de las mujeres para acceder a participar en política e hizo referencia a los estereotipos que ubican a la mujer exclusivamente en las tareas de cuidado o las restricciones económicas.

Sobre el informe

El estudio señala que Uruguay “presenta grandes desafíos ante los efectos de balancear la presencia de hombres y mujeres en cargos de representación política y gobierno” y que aún “está aún muy lejos de la paridad en política”, a pesar de ser el país de la región “que otorgó más tempranamente los derechos políticos a las mujeres, sin ningún tipo de restricciones”.

El estudio presenta conclusiones para varias dimensiones. En cuanto a la cuota/paridad, indica que, si bien la Ley de cuotas del ciclo electoral 2010/2015 permitió “aumentar significativamente la presencia de mujeres en el Senado (30%) y en los órganos de representación de los gobiernos departamentales” y “contribuyó a normalizar las carreras políticas de las mujeres”, no fue posible “mejorar otros aspectos como su aplicación a los regímenes de suplencias ni tampoco debatir una Ley de Paridad”.

Respecto a la representación en el Poder Ejecutivo y la Administración Pública, destaca que el actual gobierno es el que registra la mayor presencia de ministras en la historia del país (36 %); sin embargo, señala que “se está lejos de la paridad” y que “no se usan mecanismos de acción afirmativa para la composición de los gabinetes”. También subraya la ausencia de mujeres en las fórmulas presidenciales competitivas, a diferencia de otros países de la región como Argentina o Brasil.

En cuanto al Poder Judicial y Electoral, observa que, si bien sus órganos jerárquicos registran una mayor presencia de mujeres, son los menos “feminizados” si se los compara con el resto de los poderes de gobierno del país.

En relación con las direcciones de los partidos políticos reconoce que comenzaron a “feminizarse” a partir de la disposición que obliga a los partidos a usar la cuota de género en la elección de sus órganos de gobierno, y señala que solo un sector de un partido incorporó el principio de paridad a sus estatutos.

En tanto, sobre la representación de mujeres en gobiernos subnacionales señala que los resultados “son mixtos”. Por un lado, se redujo la presencia de mujeres en cargos departamentales y municipales en relación con el período electoral anterior: solo fue elegida una intendenta y disminuyó el peso de las alcaldesas. Por otra, la presencia de mujeres aumentó de manera significativa en las juntas departamentales y levemente en los cargos de concejales municipales.

Respecto a los compromisos nacionales con la igualdad en la Constitución y el marco legal, el estudio indica que, pese a que el país ha suscrito la mayoría de los instrumentos internacionales de género de las Naciones Unidas, presenta déficits en el cumplimiento de las obligaciones que estos instrumentos establecen, en particular en no “incorporar el principio de igualdad de género y discriminación por sexo a la Constitución y tampoco existe una ley específica contra la discriminación por razones de género”.

Recomendaciones

El estudio presenta recomendaciones de política públicas, entre ellas, que Uruguay avance hacia una Ley de Paridad Política, “pues es la forma más eficaz de aumentar la “presencia de mujeres en el Parlamento. Asimismo, sugiere usarla en los ámbitos de representación local, gobierno y partidos políticos.

En tal sentido, propone: utilizar la fórmula de secuencia y alternancia en las listas electorales, que implica que no pueden figurar dos candidatos del mismo sexo seguidos; prever una cláusula de “suplencia de género” en la Ley, de forma que titulares mujeres sean sustituidas por suplentes mujeres; sanciones en caso de incumplimiento.

Respecto al ámbito de la institucionalidad de género en el Ejecutivo, recomienda “elevar” la jerarquía del Inmujeres: “este organismo debería tener mayor independencia y, si fuera posible, rango de ministerio. Esto permitiría adecuar la institucionalidad de género a los requerimientos del Comité de la CEDAW –señalados al Estado uruguayo el 2016– y mejorar la incidencia del Inmujeres en el proceso de elaboración e implementación de las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres”.

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